Los Derechos Humanos en Colombia

EDITORIAL

El país en dos informes

13 de Marzo de 2008. Redactor de EL TIEMPO.
Más allá de las metodologías y enfoques distintos con los que se elaboraron, los dos recientes informes sobre la situación de derechos humanos en Colombia en el 2007 -el de la Alta Comisionada de Naciones Unidas y el del Departamento de Estado de E.U.- coinciden en señalar tanto los progresos logrados como la dura realidad y los serios retos que enfrenta el país en este delicado terreno.

La sola formulación en ambos documentos es elocuente. "Aunque se mantienen serios problemas -dice el Departamento de Estado-, el respeto del Gobierno por los derechos humanos continuó mejorando". Para el informe anual de la Alta Comisionada de la ONU, "aunque hay algunos signos alentadores de mejoría, la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario continúa siendo objeto de grave preocupación".

Los dos informes señalan la mejoría de la seguridad y las reducciones en cifras de secuestros, masacres, homicidios, ataques de la guerrilla contra poblaciones, retenes ilegales y atentados contra la infraestructura. Los dos coinciden en la incidencia del "conflicto armado interno", el narcotráfico y los grupos armados. Y en la persistencia de serios problemas, entre los que destacan ejecuciones extrajudiciales atribuibles a miembros de la fuerza pública, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, colaboración de militares con los nuevos grupos armados, reclutamiento de niños, uso de minas antipersona, desplazamiento, masacres, asesinatos selectivos y secuestros.

El Departamento de Estado, con datos del Cinep, habla de 238 asesinatos selectivos en el primer semestre del 2007, 77 más que en igual periodo del año anterior. La ONU recuerda el asesinato de 31 candidatos y precandidatos en campaña.

En materia de impunidad, persisten problemas estructurales, con algunos avances. La subunidad de la Fiscalía encargada de crímenes contra sindicalistas fue dotada con 13 fiscales y 78 investigadores e identificó 187 casos prioritarios, de los cuales 13 se llevaron a juicio. En el 2007 se profirieron 36 condenas (aunque solo una fue por uno de los 21 casos abiertos en el año).

Preocupan, en ambos reportes, las ejecuciones extrajudiciales que atribuyen a la fuerza pública (128, según el Cinep, en el primer semestre del 2007, frente a 92 en igual lapso del 2006), aunque se señala la voluntad del alto mando y las autoridades para prevenirlas y sancionarlas. El Ministerio de Defensa expidió una directiva y creó un comité especial y hubo condenas. También publicó su 'Política integral de Derechos Humanos y DIH', que apunta a dotar a los militares de una doctrina operacional y unas reglas de enfrentamiento consistentes con los retos que representa desarrollar cada vez más operaciones "en medio de la población".

La desmovilización paramilitar, el rearme de nuevos grupos y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz son temas claves. El Departamento de Estado enfatiza que el proceso ha permitido esclarecer más de 3.000 crímenes, exhumar más de 1.000 fosas, con 1.200 víctimas (440 identificadas, según la ONU), e implicar a 52 congresistas, 11 gobernadores y 19 alcaldes por nexos con los 'paras'. La ONU llama la atención sobre las víctimas, su desprotección y el reto para el Estado de satisfacer su derecho a verdad, justicia y reparación (160 fueron amenazadas y 13 asesinadas); sobre el desafío de afianzar la desmovilización paramilitar y las dificultades de la Fiscalía para consolidar un proceso legal que, además de 121.000 víctimas registradas, involucra un listado de 3.127 paramilitares postulados a Justicia y Paz con apenas 542 detenidos y, hasta ahora, ningún llamamiento a juicio.

Ha habido significativas mejoras, sin duda. Pero el panorama en derechos humanos y DIH en Colombia sigue siendo muy difícil.

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